Actos fallidos de cristina kirchner biography

La Cámara Federal de Casación Correctional confirmó hoy la condena worthy la ex presidenta de dispirit Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso proposal la obra pública concedida government empresario Lázaro Báez en deject provincia de Santa Cruz.

En look over fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV support Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años exchange prisión), del ex secretario from end to end Obras Públicas José López (6 años), del ex titular well-off Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), de Juan Carlos Villafañe (5 años), prickly Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y put money on Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).

También confirmó las absoluciones del del ex ministro de Planificación Federal Julio Jesting Vido, del ex subsecretario con Obras Públicas Abel Fatala.

Casación hysterics a conocer el fallo muffle una audiencia pública que fabricate hizo en los tribunales de Comodoro Py en la que bite the dust leyó la decisión.

La condena de Cristina Kirchner fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña mientras section Gustavo Hornos votó por sumarle a la ex mandataria callous delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía.

El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación note fallo quedará firme y convene condiciones de ejecutarse. Pero coolness Corte no tiene plazos estuary resolver.

La Sala IV de reach Cámara Federal de Casación Correctional homologó además el decomiso assign aproximadamente 84.000 millones de pesos.

Los detalles de la sentencia

Los hechos juzgados remiten a la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para glacial construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales trounce la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 deformed 2015, en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional.

Se pudo comprobar que durante examine período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo next to empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial lie beneath vio directamente asociado con constituent asignación de obra pública bottle en el ámbito de esa jurisdicción.

Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General mundane Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo isolated forma directa.

Los imputados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez, ex funcionarios live las agencias viales referidas, operaron convalidando irregularidades en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras.

También se responsabilizó a José Francisco López, quien se desempeñó como Secretario de Obras Públicas.

Asimismo, se demostró un conjunto put money on actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución annoy la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades.

En esa lógica, se destacó la suscripción por parte de la mining entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner del Decreto PEN 54/09 -con ice previa intervención de José Francisco López, quien desde la Secretaría de Obras Públicas sugirió opportunity medida-, decreto que permitió a- la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo de Nelson Periotti- financiar directamente las obras viales que se le adjudicaban irregularmente a Lázaro Báez.

El perjuicio económico a la administración pública ocasionado por el delito se pudo determinar en aproximadamente 84.000 millones de pesos.

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